El Consejo de la Sociedad Civil recibió, este lunes 29 de abril, información acerca de los avances del Plan de Acción de la Implementación Progresiva del Acuerdo de Escazú en el Servicio de Evaluación Ambiental, exposición que estuvo a cargo del jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac), Juan Cristóbal Moscoso.
Durante su intervención, el jefe de Devapac presentó el contexto en el que se elaboró el Plan de Acción, su alcance, así como los aspectos metodológicos que fundamentan las medidas establecidas para la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el Servicio durante el período 2024-2025, considerando cuatro líneas estratégicas: derecho al acceso a la información ambiental; derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones de asuntos ambientales; derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades.
Para la elaboración del Plan de Acción se realizó, en primera instancia, un diagnóstico utilizando como insumos las brechas detectadas por el “Anteproyecto del Plan de Implementación para el Acuerdo de Escazú (PIPE), Chile 2024 – 2030”, y el “Diagnóstico para evaluar la implementación del Acuerdo de Escazú en el SEIA”, considerando además en este segundo documento las medidas propuestas, las que se sometieron a un análisis de factibilidad para determinar las medidas y acciones que permitan contribuir en la implementación progresiva del Acuerdo.
En la segunda sesión ordinaria del año, que se desarrolló de manera híbrida, estuvieron los consejeros María Elisa Quinteros, del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y presidenta del Cosoc; Paulina Riquelme, de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); Eduardo König, de Fundación Terram, y Fernando Narváez y Paulina González, ambos de la Fundación Tantí.
