Con el objetivo de dar continuidad a la coordinación iniciada el 2014 entre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), se realizó en la Comuna de Arica, Región de Arica-Parinacota, los días 08 al 10 de julio, el segundo encuentro de profesionales SEA y CONADI de la macro zona norte, que comprende las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
La idea es profundizar en el aprendizaje a partir de las experiencias adquiridas en los Procesos de Consulta Indígena (PCI) y de evaluación ambiental, a través del intercambio y análisis de los diversos procesos desarrollados en ambas instituciones.
En la oportunidad se analizaron los siguientes temas: a) los Procesos de Consulta Indígena de los Proyectos: “Embalse Chironta”, “Modificaciones Arqueros” y “Radio Telescopio de Atacama”, b) la evaluación del medio humano del proyecto “Manganeso Los Pumas” presentados por profesionales de CONADI y SEA de las Regiones de Arica-Parinacota, Atacama, Antofagasta, y c) el Rol del SEA y la CONADI en la evaluación ambiental y Procedimientos de coordinación entre las dos instituciones en los procesos de evaluación ambiental del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental presentados por representantes de la Dirección Nacional y Ejecutiva de la CONADI y el SEA respectivamente.
La coordinación entre SEA y CONADI surge a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°40 del Ministerio del Medio Ambiente, el que trajo consigo nuevos procesos participativos y nuevos lineamientos en la evaluación de impactos ambientales como lo es la determinación de la procedencia y realización de los Procesos de Consulta a los Pueblos Indígenas, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, materia sobre la cual es necesaria una adecuada coordinación entre las instituciones competentes en el marco del SEIA.
Estos encuentros buscan que estos órganos del Estado compartan criterios y lineamientos que optimicen su accionar en el marco del SEIA, y que los y las profesionales de ambas instituciones tengan una comunicación efectiva para asegurar la calidad y eficiencia de la evaluación ambiental, así como la debida atención de los derechos de los pueblos indígenas.
