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Directora ejecutiva del SEA: “Tengo la convicción de que la evaluación de impacto ambiental no ha sido un desincentivo para la inversión”

"Chile es un país que da seguridad y certeza para la inversión. Y eso es producto también de que tenemos un sistema de evaluación impacto ambiental moderno que requiere, por cierto, mejoras, pero que tiene mucha legitimidad y seriedad", indicó la autoridad a The Clinic.

EA en Medios: Directora ejecutiva del SEA: “Tengo la convicción de que la evaluación de impacto ambiental no ha sido un desincentivo para la inversión”

No siempre las autoridades de Gobierno logran mantenerse en sus cargos durante todo el periodo, pero ese no es el caso de Valentina Durán. Asumió junto con la administración de Gabriel Boric en 2022 y ahora se retirará con el traspaso a José Antonio Kast.

La abogada especialista en derecho medioambiental fue una de las 12 “balas de plata” del Presidente Boric, designada en el cargo para manejar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que cada cierto tiempo genera polémica por los pasos que deben cumplir los titulares de proyectos de inversión para llevarlos a cabo. La denominada “permisología”.

Y es que un proyecto de inversión debe pasar por una serie de pasos antes de recibir su autorización, lo que Durán defiende pese a las críticas que suelen recibir, dado que defiende que de todas formas el año pasado lograron un “récord histórico”, con 41.500 millones de dólares, y en estos cuatro años fueron 97 mil millones de dólares. “Sobre el promedio de los tres últimos gobiernos”, asegura.

“Tenemos buenas cifras de ingresos de proyectos, de aprobación de proyectos, lo que muestra que la evaluación de impacto ambiental lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, es un activo del país que tenemos que cuidar y es una condición del desarrollo sostenible”, asegura.

—¿Es sinónimo también de que en Chile hay más inversión?

—En Chile hay expectativas de inversión. Chile es un país que da seguridad y certeza para la inversión. Y eso es producto también de que tenemos un sistema de evaluación impacto ambiental moderno que requiere, por cierto, mejoras, pero que tiene mucha legitimidad y seriedad. 

—Se habla mucho de la permisología y de los trámites ambientales, ¿cómo se compatibiliza el acortar los plazos de aprobación de un proyecto con tampoco dejar de lado lo que es el trámite ambiental? 

—Nadie duda de que los permisos son importantes y cuando algo sale mal todo el mundo se pregunta quién lo autorizó. Entonces hay consenso que los permisos son necesarios y son además un requisito de la legalidad del desarrollo de cualquier proyecto. Dicho esto, este gobierno ha entendido y ha recogido en los consensos que han existido ya desde muchos diagnósticos, la necesidad de agilizar la obtención de permisos que son necesarios para los proyectos de inversión. Y tal como lo dice el Presidente, la protección del medio ambiente no ha sido y no es nunca un obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo, sino que una condición del desarrollo sostenible. Entonces el desafío es cómo poder tener procedimientos que tengan el mismo rigor en la protección del medio ambiente, de salud y seguridad que todos los ciudadanos esperamos, y que al mismo tiempo sean ágiles para que puedan facilitar y favorecer la inversión y dar certeza jurídica. Entonces, ha existido una tendencia al aumento de plazos y a la complejización, en general. Y eso se resuelve a través de medidas legislativas, reglamentarias, de gestión. Este gobierno ya logró aprobar la ley en marco de autorizaciones sectoriales, hay un proyecto de ley que quedó en una etapa intermedia para la modernización del SEIA. Y nosotros como servicio en lo que nos compete hemos tomado distintas medidas de gestión para poder lograr mayor agilidad (…). Además, los proyectos que hacen un buen trabajo previo al ingreso, hacen una participación ciudadana anticipada, siguen los alineamientos del sistema, les va bien.

—Pero entonces, ¿hay formas de acelerar los trámites solo que también depende del titular entregar bien la documentación?

—Absolutamente, el Servicio de Evaluación Ambiental cumple siempre con los plazos legales de evaluación. Sin embargo, los proyectos tienden a extenderse porque naturalmente los titulares de proyectos solicitan extensiones de plazo para poder contestar algunas preguntas. Pero cuando un proyecto está bien preparado no requiere tanto tiempo para contestar esas preguntas. De hecho, los proyectos que finalmente terminan siendo rechazados son los que más excepciones de plazo necesitan. Y ahí está la tarea del privado. Bien preparado, con buenas consultorías, que entra al territorio mucho antes de su ingreso, fluye más rápidamente en el sistema. Así lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado, tuvimos un récord de inversión aprobada de 41.000 millones de dólares, tuvimos proyectos emblemáticos que se pudieron aprobar en un 20%, 30% o 40% menos de plazo que los promedios. 

Entrevista completa en el siguiente enlace