En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, la directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aborda el actual momento de este organismo público, clave para el desarrollo de proyectos en el país.
Enero es un mes especial para el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que se cumplen 15 años desde su nacimiento, creada por la Ley N°20.417 del 26 de enero de 2010. Sin embargo, la institucionalidad ambiental chilena se remonta otros 16 años antes, cuando en 1994 se establecía por primera vez una ley marco de Bases Generales del Medio Ambiente.
“Tener una legislación marco y una institucionalidad ambiental ha sido un sello de nuestro país que vino de la mano de la inserción de Chile en el concierto global. Porque cuando Chile se insertó en el comercio internacional tuvo que dotarse de una institucionalidad robusta y de instrumentos de gestión como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que nos hace competitivos, y que permiten que podamos demostrarle a los mercados con los que Chile se relaciona que tenemos una normativa ambiental, que es exigente, que aseguramos su cumplimiento, y que tenemos instituciones sólidas que funcionan”, destaca Valentina Durán, directora Ejecutiva del SEA, al hacer un positivo balance de estas tres décadas de institucionalidad ambiental en entrevista con Revista NME.
Pero en estos 30 años también ha habido controversias relacionados con permisos ambientales aprobados o rechazados de proyectos mediáticos que han puesto al sistema de evaluación ambiental una y otra vez en el centro de la atención de gobiernos de distinto signo, de organizaciones ambientalistas, comunidades, industrias y gremios. Desde el SEA defienden el sistema, aunque reconocen que siempre hay espacio para mejorar, como por ejemplo, respecto a los tiempos de tramitación de los permisos.
Frecuentemente se escuchan críticas desde las empresas que presentan grandes proyectos respecto al plazo de tramitación. ¿Qué le parecen estas críticas?
Primero quiero señalar que el Servicio cumple siempre con sus plazos legales. Incluso completa su trabajo, en el conjunto de la institucionalidad ambiental, en menos de los tiempos legales. Eso es algo muy importante de establecer.
¿Son injustificadas las críticas entonces?
Nosotros cumplimos con nuestros plazos legales. Sin embargo, los titulares de proyecto, cuando presentan un proyecto, requieren suspensiones para poder contestar a las observaciones que la autoridad les formula recopilando las observaciones de los distintos entes técnicos. Lo que hemos podido constatar es que los proyectos que presentan buenos estudios, sólidos, robustos, que hacen buenas actividades de participación ciudadana temprana, tienden a fluir de manera más ágil en el sistema. Mientras mejor preparado ingresa un proyecto, más rápida es su evaluación. No obstante, los plazos de suspensión que solicitan los propios proyectos son los que marcan cuánto demora el total la evaluación, porque los plazos legales nosotros —reitero— los cumplimos. Ahora, no estoy diciendo con esto que no haya oportunidades de mejora en la evaluación de impacto ambiental y en todos los trámites en los que nosotros participamos. De hecho, el presidente Gabriel Boric ha sido muy claro en decir que un Estado fuerte también es un Estado más eficiente. Entonces, este gobierno está buscando espacios para agilizar el otorgamiento de la obtención de distintos permisos, no sólo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sino que también de otros permisos sectoriales.
¿Cómo se puede agilizar este proceso de otorgamiento de permisos?
Existen esfuerzos legislativos que están encabezados, por una parte, por el ministro de Economía, Nicolás Grau, que tiene su proyecto de Sistema Inteligente de Permisos, y por otra parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que está liderando el proyecto que reforma y moderniza el SEIA, además de otros proyectos que se han presentado. También están los esfuerzos reglamentarios que el mismo Ministerio del Medio Ambiente ha desplegado con el Reglamento del SEIA que se modificó en febrero pasado.
Y por último están los esfuerzos de gestión que nosotros como Servicio desarrollamos (…) También hemos hecho, por encargo de la ministra Maisa Rojas, importantes esfuerzos como secretaria técnica del Comité de Ministros para reducir los plazos de tramitación de los proyectos que se llevan a este Comité (…) Estamos siempre buscando cómo optimizar los tiempos. Pero también es parte de la optimización de los tiempos de evaluación asegurar reglas claras. Una de nuestras funciones como servicio es la unificación de criterios para que el servicio sea uno solo y que responda con los mismos criterios en Arica o en Magallanes respecto de situaciones similares.
¿Cómo han logrado unificar esos criterios?
Elaborando y publicando guías y criterios de evaluación. A través de esos documentos nosotros reducimos nuestro ámbito de discrecionalidad y buscamos también que a lo largo del país se sigan esos lineamientos, dando indicaciones metodológicas respecto a cómo debe hacerse la evaluación de impacto ambiental. Y acompañamos ese esfuerzo también con capacitaciones gratuitas y en línea que están disponibles para todos los actores que participan del sistema. La apuesta es que, con una adecuada que se requieren, tanto para la inversión como para la ciudadanía, de que nosotros aseguramos la protección del medioambiente y el cumplimiento de la normativa ambiental.
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Fuente: Revista Nueva Minería y Energía, edición enero 2025.
