En reunión con la Seremi del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el intendente de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins, el superintendente del Medio Ambiente, Jaime Lira, presentó los lineamientos de la nueva entidad y la forma de trabajo a nivel nacional a través de la coordinación con los gobiernos regionales.
En una primera instancia el superintendente junto a su equipo se reunió con el seremi del Medio Ambiente, Juan Prieto, la sirectora del SEA, Marlene Sepúlveda, y profesionales de ambas reparticiones para conocer los avances de esta entidad y hacer consultas.
Posteriormente el intendente Rodrigo Pérez y su gabinete se reunieron en el Salón Prat del Gobierno Regional para conocer la implementación de esta nueva entidad.
La Superintendencia del Medio Ambiente fue creada por la Ley 20.417 el 1 de octubre de 2010, sin embargo para poder ejercer sus potestades en plenitud, debe esperar a que se publique la Ley de Tribunales Ambientales, actualmente en el Congreso.
Respecto al diagnóstico de cómo opera la fiscalización ambiental en el país, Jaime Lira señaló que actualmente las competencias están diseminadas en numerosos servicios públicos, muchas veces de forma inorgánica, con disparidad de criterios, las facultades de fiscalización de una norma se repiten en diversos servicios y con sanciones de bajo monto.
Para Lira esta situación cambiará con la llegada de la Superintendencia, puesto que garantizará, organizará y coordinará el seguimiento y fiscalización de los proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA); de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental; del cumplimiento de las Normas de Emisión y de Calidad Ambiental; de los Planes de Manejo y de todos aquellos instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. Con esto se pretende entregar reglas confiables y transparentes respecto de la fiscalización y sanción ambiental para avanzar en el desarrollo sustentable del país, aseguró la autoridad ambiental.
Aunque el principio orientador de la Superintendencia es preventivo, de hecho se contemplan una serie de herramientas orientadas al cumplimiento como la auto-denuncia, los programas de cumplimiento y los planes de reparación; las multas aumentarán de forma exponencial. Actualmente existe un máximo de 500 UTM, unos 18 millones de pesos por incumplimiento. Con la Superintendencia podremos cobrar un máximo de 10 mil UTA, es decir cerca de 9 millones de dólares, e incluso se puede llegar a la clausura definitiva de un proyecto o actividad que incumpla la normativa, aseguró el Superintendente del Medio Ambiente.
Una de las novedades en que trabaja la entidad es en la creación de un sistema computacional en tiempo real para la Denuncia de Incidentes Ambientales, el cual permitirá que cualquier ciudadano que vea algún incidente que afecte al Medio Ambiente pueda subirlo a esta plataforma desde Twitter, mensajes de texto del celular o email y de esta manera se mantenga la información actualizada para mejorar la fiscalización. La idea es tener 17 millones de fiscalizadores ciudadanos, agregó Lira.
